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Notificada dicha sentencia a las partes, en nombre y representación de Dña. Miriam, se interpuso el recurso de apelación en el que solicita la revocación de la sentencia y, entre otras, se solicitaba que se condene a D. José Luis, además de al pago de las pensiones de alimentos impagadas, a la suma adicional por el impago, en el periodo en el que estuvieron vigentes las medidas provisionales, de las hipotecas titularidad de la sociedad conyugal, toda vez que en el auto de medidas provisionales, de fecha 23 de febrero de 2010 , se impuso también al acusado José Luis la obligación de sufragar los préstamos hipotecarios y personales que gravaban la sociedad conyugal, obligando a la recurrente a satisfacer al acreedor hipotecario en dicho periodo distintas sumas mensuales, hasta un total de 13.219,75 € para evitar la ejecución hipotecaria y consiguiente pérdida de la vivienda en que residía con sus hijos.

Establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve este recurso concluye que “La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 227.2 del Código Penal por considerar atípica la conducta relativa al impago de las hipotecas que el auto de medidas provisionales acordó abonase en su integridad el acusado y que sin embargo este no hizo en el periodo comprendido entre dicho auto y la sentencia de divorcio”.

Continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que “es común en ambas infracciones del art. 227 del Código Penal el interés protegido, que es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asistenciales fijados judicialmente, que garantizan el bienestar de los hijos y, en general, de la familia, ya que, generalmente, se considera un delito contra la seguridad de las personas, en el que se trata de tutelar la legítima expectativa del cumplimiento de los deberes asistenciales basados en las relaciones familiares. Se trata de proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado (Preámbulo de Ley 3/89 y STS Sala 2.ª, de 2-10-12 ), y también de otorgar la máxima protección a quienes en crisis matrimoniales padecen las consecuencias de la insolidaridad del obligado a las prestaciones ( AP Madrid auto de 13/7/2010 )”.

Y establece la Sentencia que hay dos razones que apoyan la inclusión de la conducta de acusado en el apartado 2 del artículo 227 del Código Penal, cuales son:

“1º.- Las pensiones alimenticias y compensatorias ya estarían incluidas en el párrafo primero, como también lo estaría cualquier otra "prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos", pues para que no quepa duda dicho apartado primero dice antes "cualquier tipo de...". Ahora bien el párrafo segundo se refiere a otros impagos, lo que no tendría razón de ser si no se refiere a las no contempladas en el párrafo primero.

2º.- Porque la falta de abono de la hipoteca sí responde a la tutela de los deberes asistenciales y protección de los miembros más débiles del cuerpo familiar (…)”.

Por ello, en los casos donde existen condenas por el delito del 227.2 del Código Penal por impago de los plazos de préstamos hipotecarios, continúa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que “No se estaría pues sancionando el impago de una deuda, de una simple obligación civil, se está sancionando a quién deja desamparada a su familia y abandona los deberes derivados del matrimonio y de la paternidad, abandono que, en este caso, se evidencia y concreta en el impago de las prestaciones económicas fijadas en resolución judicial. Es, por ello, la especificación y tipificación expresa de una conducta que, en ocasiones, encontraría dificultades técnicas para su encuadramiento en el tipo genérico del abandono de familia, pero que, en esencia, es la misma, tanto en el núcleo de la conducta típica: el abandono de los deberes familiares elementales, como en el resultado el desamparo personal que produce en los afectados. Con mayor motivo en casos como el presente donde al reiterado impago de la pensión de alimentos (que superaba los 13.000 € en la fecha del juicio) se añade el impago total de las hipotecas que también por la misma resolución judicial estaba obligado a pagar en exclusiva, obligando a la recurrente a tener que satisfacer con sus muy inferiores recursos y la ya mermada pensión alimenticia aquel gasto ineludible y colocando de tal forma a la madre y al menor en situación de mayor debilidad”.

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