Abogado Civilista y Penalista

Abogado colegiado nº 83573, de Madrid
Modificación sustancial de hechos. Se fija una fecha de disolución de la sociedad de gananciales en demanda y luego otra en la comparecencia de formación de inventario
En este artículo vamos a profundizar en la Teoría de los Actos Propios

En un caso real afrontado por este despacho, la parte contraria fijó en su demanda una fecha de disolución de la sociedad de gananciales; posteriormente, en la comparecencia de formación de inventario, la parte contraria modifica esta fecha, toda vez que la expuesta en demanda conlleva la inclusión de un bien adquirido por su representado con anterioridad.

 

En ese momento se genera una controversia sobre la inclusión o no de un bien propuesto por mi representada; finalmente se estimaron nuestras pretensiones y ahora el procedimiento está siendo objeto de valoración por segunda instancia.

 

En este punto, a parte de las consideraciones que pueda tener o no el bien que se pretende incluir, queremos analizar el hecho de que en la demanda se fije una fecha de disolución de la sociedad de gananciales, pilar de toda demanda de este tipo, y después se pretenda modificar esta cuestión.

 

En este punto debemos recordar lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la Teoría de los Actos Propios; “la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos” (STC 73/1988, de 21 de abril).

 

Por tanto, en virtud de ese consagrado principio de la buena fe y el consecuente postergamiento del abuso del derecho,“no es lícito accionar contra los propios actos, cuando se llevan a cabo actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado, definiendo inalterablemente las situaciones jurídicas de sus autores, y cuando se encaminan a crear, modificar o extinguir algún derecho, con lo que generan vinculación de los que se les atribuyen, conforme a las  sentencias de 5 de marzo de 1991, 12 de abril y  9 de octubre de 1993, 10 de junio de 1994, 31 de enero de 1995 y  21 de noviembre de 1996, y muchas más” (STS 30/03/1999).

 

La STS 760/2013, de 3 de diciembre, es muy clarificadora y sintetizadora, a saber:“La doctrina que se invoca constituye un principio general de derecho que veda ir contra los propios actos (nemo potest contra propium actum venire) como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad: así se expresan las sentencias de 9 mayo 2000 y 21 mayo 2001. Se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica, dice la sentencia de 22 octubre 2002, la cual reitera lo que había dicho la de 25 octubre 2000 en el sentido de que tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce; confianza que también destacan las sentencias del 16 febrero 2005 y 16 enero 2006 así como que es doctrina asentada en el principio de la buena fe; fundamento en el que insiste la sentencia de 17 octubre 2006. Lo que reiteran sentencias posteriores, como las de 2 octubre de 2007, 31 octubre 2007, 19 enero 2010 y 1 de julio de 2011; esta última destaca, además de reiterar todo lo anterior, que implica una vinculación jurídica, debe ser muy segura y ciertamente cautelosa”.

 

  Por ello, cabe concluirse, en el procedimiento que asumimos en este despacho, que se ha vulnerado el derecho de defensa de esta  parte desde el momento en el que por la parte contraria se ha actuado contra sus propios actos.

 

Por último, recordemos lo que expresa el artículo 216 de la LEC “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”; en los hechos desglosados por la parte actora en su demanda fijaron claramente una fecha de disolución de la sociedad de gananciales, es por ello que el Juzgador deberá resolver sobre los mismos.

 

En todo caso ya informaremos sobre la resolución de segunda instancia, al ser un asunto especialmente complejo.


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