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Mostrando articulos por etiqueta: TRIBUNAL SUPREMO

Artículo 76 del Código Penal, la acumulación de condenas y la reciente interpretación realizada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

 

 

Os exponemos hoy la reciente interpretación práctica que ha realizado el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la acumulación de condenas que permite el artículo 76 del Código Penal.  

 

Con motivo de la recientemente Sentencia publicada por el Tribunal Supremo, sala 2ª, pasamos a examinar la línea interpretativa del art. 76CP en relación con el acuerdo del pleno no jurisdiccional de fecha 03/02/2016.
 

El art. 76CP contempla el tiempo máximo que puede permanecer privado de libertad un condenado. Si bien el Código Penal fija que se impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones (art.73) para su cumplimiento simultáneo o para el caso de que no fuera posible, cumplimiento en orden sucesivo por la respectiva gravedad (art-. 75), se establece un tiempo máximo legal de cumplimiento en prisión, todo ello, en relación directa con el principio constitucional de las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
 

Reza literalmente el precepto, “Artículo 76: 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
• e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.”

En el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2º del Tribunal Supremo, de fecha 03/02/2016, se establecieron las reglas interpretativas del art. 76.2CP “La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello.”

La Sentencia de fecha 14 de abril de 2016 realiza una explicación práctica sobre la interpretación marcada con anterioridad por el Tribunal Supremo, y a la vista de la sucesiva Sentencia nº 139/2016, por la que la interpretación del art. 76.2 CP no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica.
 

El cambio interpretativo se ve ampliado al hecho de que para el caso de que se cumplan los requisitos inamovibles de la Sala, siendo que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirva de referencia a la acumulación, que los hechos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación sea completa, no pueden excluirse otras posibilidades combinatorias que beneficien al condenado.
 

Así aclara el alto Tribunal que lo que establece el apartado 2 del art.76  “No significa necesariamente que la sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables, sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso. De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas.”
 
 
 
 

Por Alexandra Roncero

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, nº 314/2016, de 14 de Abril de 2016.

 

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LEGITIMACION DE LOS PADRES PARA RECLAMAR ALIMENTOS EN NOMBRE DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD QUE CONVIVAN CON ELLOS, SIN NECESIDAD DE QUE SEAN LOS HIJOS LOS QUE ACUDAN A OTRO PROCESO. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

 

El presente supuesto parte de los siguientes antecedentes: esposa que insta procedimiento de divorcio solicitando el uso y disfrute del domicilio conyugal, alimentos a favor de una hija mayor de edad que convive con ella, y pensión compensatoria. El esposo contesta a la demanda, solicitando la atribución en su favor del uso y disfrute del domicilio, y se opone tanto a la pensión compensatoria como a que se fijen alimentos a favor de la mayor de edad. El Juzgado de 1ª Instancia decreta el divorcio, atribuye el uso y disfrute del domicilio a favor de la demandante, y establece una determinada cantidad en concepto de alimentos y de pensión compensatoria. El marido interpone recurso de apelación y la Audiencia Provincial revoca la sentencia de instancia, dando por extinguida la pensión de alimentos a favor de la hija, declarando igualmente no haber lugar a establecer pensión compensatoria.

 

Prescindiendo del tema de la pensión compensatoria, la cuestión de fondo relevante que plantea el presente caso deriva de discutirse en procedimiento de divorcio el establecimiento o no de una pensión de alimentos a favor de una hija mayor de edad, que convive con la madre, que es quien la reclama. En este sentido, la hija cuenta con estudios superiores, si bien, no tenía trabajo en el momento de la tramitación del procedimiento civil.

 

El Juzgado de 1ª Instancia fija una determinada cantidad en concepto de alimentos y posteriormente la Audiencia revoca la misma sobre la base de dos argumentos: la falta de legitimación activa de la madre para reclamarlos dentro del procedimiento de familia (entendiendo que debió pedirlos la hija fuera de ese procedimiento de divorcio), y la titulación académica que posee la hija, lo cual le ofrece la posibilidad concreta de trabajar y percibir ingresos.

 

La demandante interpone Recurso de Casación por infracción de los artículos 97 y 93 del CC.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de julio de 2.014, (Ponente Sr. Arroyo Fiestas), resuelve la cuestión, y así el motivo se estima.

 

Recuerda el Tribunal Supremo, en cuanto a la legitimación activa, que la Sala ya se ha venido pronunciando (entre otras en Sentencias de 24 de abril y 30 de diciembre de 2.000) en interpretación del artículo 93.2 del CC declarando que los padres pueden pedir alimentos para los hijos que convivan con ellos, pese a su mayoría de edad, si los precisan, sin necesidad de que sean los hijos los que acudan a otro proceso declarativo independiente. Por otro lado, y en lo que se refiere a la titulación profesional de la hija, en el procedimiento no se acredita la percepción de ingresos por su parte, ni que carezca de la necesaria diligencia en el desarrollo de su carrera profesional. En consecuencia, procede la percepción de alimentos en la cuantía fijada por el Juzgado de 1ª Instancia, pues la hija convive con la madre en su domicilio y carece de ingresos suficientes.

 

Se ratifica pues como doctrina jurisprudencial la acordada en Sentencias anteriores en el sentido de reconocer la legitimación de los padres para solicitar, dentro de los procesos matrimoniales, alimentos para los hijos mayores de edad, que los precisen y que convivan con ellos, con los límites fijados por el artículo 93.2 del CC.

 

En consecuencia se estima el Recurso de Casación formulado contra la sentencia de la Audiencia, que se casa y anula manteniendo íntegramente lo acordado por el Juzgado de 1ª Instancia.

 

 

 


Sentencia Tribunal Supremo. Legitimacion de los padres para reclamar alimentos para hijos mayores de edad

 

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Reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,121/2014, delito de apropiación indebidida e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de tutor.

 

En este supuesto, el Tribunal Supremo confirma la condena por un delito de apropiación indebida y de incumplimiento de deberes realizado por la tutora legal de una persona incapacitada judicialmente, siendo éste su marido, quien sufrió un accidente de tráfico. Queremos destacar el hecho de que al margen del examen penal del caso, y que analizaremos más adelante, una simple situación de la vida cotidiana tiene  relevancia jurídica. Así, en este supuesto, alcanza hasta 5 procedimientos distintos, y que son recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo para fundamentar la resolución condenatoria contra la acusada, siendo los siguientes:

Antecedentes del supuesto:

- Accidente de tráfico. Reclamación de la indemnización por las lesiones y secuelas derivadas del siniestro. Abono de una cuantiosa suma dineraria.

- Reconocimiento por parte del INSS de la incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez que le imposibilita para trabajar derivado del accidente de tráfico.

- Declaración por Juez de la incapacidad para gobernarse asi mismo, nombramiento de tutor. Recayendo el nombramiento en su esposa.

- Indicios previos al accidentede tráfico de la intencionalidad del perjudiciado de presentar el divorcio. Indicios posteriores al accidente, nueva relación sentimental de la esposa del perjudicado.

- Abandono del incapaz por parte del tutor, apropiación de los bienes y dinero para su propio beneficio.

 

Se alza en casación la defensa de la acusada por considerar que no ha quedado acreditado que la tutora legal se apropiara de bienes de su marido incapacitado judicialmente, ni incumpliera las obligaciones legales inherentes al ejercicio adecuado de la tutela. Señala el Tribunal Supremo la doctrina dictada por la sala para entender que concurre el delito de apropiación indebida.

F.J,3º:" Se declara probado, entre otros extremos, que la acusada, ya en su condición de guardadora de hecho ya en su posterior condición de tutora, dispuso, invirtiendo parte importante en su propio nombre, de un total de 787.084,20 euros, sin que destinara cantidad alguna de esa suma a la atención y asistencia de Marco Antonio cuando constituía la indemnización que se había fijado judicialmente para resarcirle de las gravísimas secuelas- 95% de minusvalía- causadas en un accidente de tráfico, indemnización que con arreglo a lo que se dispone en el apartado 6º del artículo 1346 del Código Civil , constituye un bien privativo de la víctima ( Sentencia 520/2001, de 29 mayo, de la Sala Civil del Tribunal Supremo).
Tiene declarado esta Sala, como es exponente, la Sentencia 997/2007, de 21 de noviembre , que en el delito de apropiación indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas. La primera se concreta en
una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión, administración o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega a un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles) en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de un destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado."

"En palabras de la STS 1261/2006, 20 de diciembre , en el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron ( SSTS 1566/2001, 4 de septiembre , 2339/2001, 7 de diciembre , 477/2003, 5 de abril )."

En definitiva, apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla.

" Por ello, cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos de tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de
recuperación. Y, como elementos de tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades de titular sobre el dinero o la cosa entregada". Y se añade que la modalidad de apropiación indebida objeto de condena en la sentencia impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, considera que constituye una modalidad típica, prevista en el art. 252 del Código Penal , que tiene como presupuesto la traslación legítima de dinero, u otra cosa fungible que comporte para el receptor la adquisición de su propiedad, aunque con la obligación de darle un determinado destino, conforme a los términos, explícitos o implícitos, de la relación contractual asumida. Cuando, como sucede en el presente recurso, se trata de dinero, y dada su acusada fungibilidad, la acción típica no consiste tanto en incorporar el dinero recibido al patrimonio propio, -puesto que esta incorporación, aunque condicionada, se produce por el hecho de haberlo recibido legítimamente-, sino en darle un destino diferente al pactado, irrogando un perjuicio a quien hizo la entrega.

Efectivamente, como antes se ha dejado expresado, la acusada, como guardadora de hecho y posteriormente tutor de la víctima, no destinó la cantidad recibida, de la que era administradora, al destino
judicialmente señalado de indemnizar a Marco Antonio de las lesiones y gravísimas secuelas padecidas en un accidente de tráfico, disponiendo del dinero para otros fines bien distintos."

En cuanto a la aplicación de la agravante de abuso de relaciones especiales del art.250.1.6º del Códido Penal, señala el Tribunal la doctrina dictada al efecto, la Sentencia 931/2009, de 20 de septiembre , la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004, 24 de marzo , señaló -con cita de las SSTS, 1753/2000, 8 de noviembre , 2549/2001, 4 de enero 2002 , 626/2002, 11 de abril y 890/2003 -, que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa o apropiación indebida.

" En el presente caso, el Tribunal de instancia razona la concurrencia de la agravación del artículo 250.1.7 del Código Penal señalando literalmente que el hecho se cometió no solamente abusando de la relación tutorincapaz, lo cual, en si mismo, llena el quebrantamiento de confianza que es propio del hecho básico delictivo de la apropiación indebida, sino también abusando de la relación matrimonial con aprovechamiento de la situación en la que había quedado Marco Antonio , lo cual determina un quebrantamiento de mayor gravedad puesto que la confianza es doble, excediendo así el quebrantamiento de confianza propio del hecho básico, máxime cuando en casos como el presente no se aplica la circunstancia genérica agravante de parentesco del art. 23 Cp. Lo cierto es que fue esa formal existencia de matrimonio lo que determinó que la acusada actuara como guardadora de hecho y posteriormente como tutora, aunque la realidad, acorde con las pruebas practicadas y como se recoge en el relato fáctico, es que actuó como si ese matrimonio no existiera.Es decir, que no puede afirmarse un doble quebrantamiento del deber de confianza ni la presencia de plus que exige esa agravación, ya que si no hubiera mediado matrimonio no hubiera actuado como guardadora de hecho ni designada tutora y no se le hubiera confiado la administración de esa indemnización fijada a favor de Marco Antonio y difícilmente puede hablarse de relaciones personales cuando éstas no existían.Así las cosas, procede estimar este extremo del motivo dejándose sin efecto la agravante de abuso de relaciones personales."

 Respecto del delito de abandono de incapaces, señala la Sala los elementos del delito. Señala el artículo 226.1 que el dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Se trata básicamente de un delito de omisión, por incumplimiento injustificado de los deberes de asistencia inherentes a la tutela y se requiere la capacidad para realizar la acción debida. El tipo subjetivo exige conocer las circunstancias fácticas que generan el deber de asistencia Los deberes cuyo incumplimiento está penalmente sancionado no se circunscriben a la asistencia de índole puramente económica correspondiente a una pensión alimenticia sino que abarca el conjunto de deberes relativos a la atención y cuidado que corresponde, en este caso, al tutor respecto al incapaz. Y participa de la naturaleza de los denominados tipos penales en blanco siendo preciso acudir a la legislación civil para fijar su contenido en la medida que es ésta la que define los deberes legales de asistencia, en concreto los artículos 269 y siguientes del Código Civil en relación al ejercicio de la tutela y artículos 172 y siguientes en relación a la guarda.

Se afirma el incumplimiento total de cada uno de los deberes del tutor dispuestos en el artículo 269 del Código Civil y los que correspondía, antes de ser nombrada tutora, como guardadora de hecho, y se refiere a la ilícita administración, a la falta de información al Juzgado, la no promoción de la recuperación de la capacidad del tutelado y su inserción en la sociedad, como resulta del traslado a una residencia para ancianos a cientos de kilómetros, y que hubo un periodo de hasta quince meses con incumplimiento del resto de los deberes, incluso de lo necesario para su aseo personal y de abonar las cuotas de la residencia, no apareciendo por allí e poniéndose en situación en la que prácticamente era imposible contactar con ella como tutora.
Ciertamente, como se razona por el Tribunal de instancia y recoge en los hechos que se declaran probados, ha existido un incumplimiento casi absoluto de los deberes de asistencia, tanto materiales como
morales, a que venía obligada en su funciones de tutora, tutoría que había reclamado al Juzgado para poder disponer de la indemnización a su antojo y desatender las obligaciones, de toda índole, que exigía la asistencia del incapaz. Estas obligaciones vienen recogidas en el artículo 269 del Código Civil.

  

Sentencia del Tribunal Supremo 121/2014: Delito de apropieación indebida e incumplimiento de las obligaciones inherentes a la tutela.  

 

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Doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Social: Ausencia del territorio nacional de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Exponemos en el siguiente artículo, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, apartándose de su anterior línea, sobre los supuestos en que un beneficiario de prestaciones por desempleo, abandona territorio nacional durante un período de tiempo y supuestos en que supone la extinción o suspensión de la prestación que venía percibiendo.

Antecendentes:

El beneficiario de una prestación por desempleo se ausentó de España durante 15 días, para visitar a un familiar hospitalizado en su país de origen (Ucrania), no habiendo comunicado su salida al extranjero al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Se inicio un procedimiento sancionador por no comunicar la pérdida de los requisitos para su percepción, habiendo generado un cobro indebido en cuantía de x euros y procediendo la extinción de la prestación.


Ánalisis detallado de nueva Doctrina del Tribunal Supremo: Establece la Sentencia que la relevancia jurídica radica en determinar una serie de factores principales. Primero, la duración de la ausencia del territorio español; y Segundo, la comunicación o no de la misma a la entidad gestora de la protección por desempleo.

1.- Establece el art. 213 g) de la LGSS como causa de extinción de la prestación por desempleo " el traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen". Así mismo, el art. 231.1 establece como obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo: ... b) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones; ... e) solicitar la baja en las situaciones de desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones".

El Real Decreto 625/1985,contiene el Reglamento de la Protección por Desempleo, al que remite la LGSS en su artículo 6.3 (redacción RD 200/2006 ) prevé una de las excepciones reglamentarias a la regla de extinción de la prestación de desempleo por traslado de residencia al extranjero (" búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " por tiempo inferior a " doce meses" ). A continuación recuerda que, con la salvedad anterior, el traslado de residencia es " causa de extinción " de la prestación reconocida. Puntualiza después como supuesto excepcional que " la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año" no es causa de extinción de la prestación de desempleo. Y concluye, en fin, que esta ausencia del territorio nacional, en cuanto que pueda tener repercusión sobre la dinámica de la prestación de desempleo, desencadena las obligaciones de información o comunicación previstas en el artículo 231.1 LGSS (" sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas" en dicho precepto legal).

Según el artículo 231.1 LGSS , el desplazamiento o salida al extranjero del beneficiario de prestaciones de desempleo que pueda afectar a su disponibilidad efectiva para actividades formativas o para ocupaciones en el mercado de trabajo español, ha de ser comunicado a la entidad gestora o a los servicios de empleo antes de realizar el viaje. De no comunicarse con antelación por causa de imposibilidad o excesiva onerosidad, la información sobre la circunstancia del desplazamiento se ha de producir desde el lugar de destino a la mayor brevedad posible. Por razones obvias, este deber de comunicación previa rige también para la estancia con un máximo de quince días de duración al año prevista en el artículo 6.3 del RD 625/1985 . Si no hay comunicación por anticipado (o comunicación inmediata en caso de que la información previa hubiera sido imposible o excesivamente onerosa), no hay modo de controlar el cumplimiento de los requisitos del derecho a la prestación; entre ellos, la voluntad de aceptar una oferta adecuada de trabajo o de formación en el territorio español, que en principio es el que delimita y al que se extiende la actuación de los servicios de empleo.

Para las circunstancias sobrevenidas de cualquier clase (personales, familiares, de incidencias en los medios de transporte, etcétera) que puedan determinar o justificar una prolongación de la estancia en el extranjero más allá de lo inicialmente previsto deben también ser comunicadas de manera inmediata a la entidad gestora. 

El incumplimiento de las obligaciones de comunicar ex ante (para la salida programada) o inmediatamente ex post (para una eventual circunstancia sobrevenida) genera automáticamente la suspensión o pérdida temporal ("baja") de la prestación de desempleo que corresponde a los días de estancia en el extranjero no comunicada: todos los días de estancia no comunicada si el incumplimiento ha sido total; o el exceso de días de estancia no comunicada, o no debidamente justificada, si el incumplimiento se refiere a una vuelta tardía.

 Así las cosas, el Tribunal distingue tres grupos de situaciones de la protección del desempleo:

a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;
b) una prestación "extinguida", con la salvedad que se indica a continuación, en los supuestos de prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;
c) una prestación "suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 (redacción RD 200/2006) de " búsqueda o realización de trabajo " o " perfeccionamiento profesional " en el extranjero por tiempo inferior a " doce meses" ;
d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo;


La aplicación de la doctrina general establecida en esta sentencia al caso controvertido conduce a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto de prestación "suspendida" y no de prestación "extinguida", como pretende la entidad gestora y ha resuelto la sentencia recurrida.
Es cierto que la persona beneficiaria de la prestación de desempleo se desplazó a Ukrania, ausentándose del mercado de trabajo español, por razones familiares en principio atendibles. Pero no es menos verdad que este desplazamiento, respecto del cual no se cumplieron las previsiones de la libranza de 15 días como máximo establecida en el artículo 6.3 RD 625/1985 , se llevó a cabo tanto sin comunicación en tiempo oportuno a la entidad gestora. Ahora bien, la estancia en el extranjero fue breve, con regreso a España el 25 de agosto de 2008, a las tres semanas de haberse ausentado, por lo que no concurre en el caso la circunstancia de traslado de residencia, generadora de extinción de la prestación, a que se refiere el artículo 213.g) LGSS , en los términos en que ha sido definida en el fundamento jurídico cuarto.

 

Sentencia del Tribunal Supremo , Sala de lo Social, nº 4325/2011, de fecha 18 de octubre de 2012.

 

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