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Mostrando articulos por etiqueta: Recurso de Casación

Recurso de Casación contra Sentencias dictadas en apelación, y contra Sentencias en segunda instancia por delitos leves. Acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2.016.

 


La Ley 41/15, de 5 de octubre de modificación de la LECr para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, supuso entre otras modificaciones relevantes, la instauración general de la segunda instancia, y la ampliación del recurso de casación.

 

En este sentido el actual Artículo 847 LECr establece que:

 

1. Procede recurso de casación:

 

a). Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:

 

1º. Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

 

2º. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

 

b). Por infracción del ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

 

2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.

 

Por su parte, recordemos que el artículo 849.1º de la LECr señala que:

 

Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto de que pueda interponerse recurso de casación: cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal.

 

Por tanto la reforma de la LECr establece por primera vez la posibilidad de interponer recurso de casación contra las Sentencias dictadas en apelación tanto por la Audiencia Provincial, como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, opción esta que antes de la reforma, era procesalmente inviable ya que estos pronunciamientos jurisdiccionales de segunda instancia, no tenían ya acceso al Tribunal Supremo.

 

Con respecto a la interpretación del alcance que deba tener esta importante reforma, el Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo de 9 de junio de 2.016 del que destacamos los siguientes extremos en relación a la posibilidad de interponer recurso de casación contra sentencias de las Audiencias Provinciales (y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional).

 

Los puntos básicos que derivan del acuerdo, son:

 

  • Las Sentencias dictadas en apelación, solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley del 849.1º de la LECr. Serán inadmitidos los recursos que se formulen por los artículos 849.2º, 850, 851 y 852 de la LECr.

 

  • Los recursos deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo. Seráninadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

 

  • Los recursos deberán respetar los hechos probados. Serán inadmitidos los que no los respeten.

 

  • Los recursos deben tener interés casacional. Serán inadmitidos los que carezcan de dicho interés.

 

  • La providencia de inadmisión es irrecurrible.

 

  • Con respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias de segunda instancia, recaídas en procesos por delitos leves se acuerda que el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en procedimiento por delitos leves.

 

Por su relevancia reproducimos literalmente el Acuerdo de 9 de junio de 2.016 del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, por el que se establece: 

 

1º. Respecto de la interpretación del artículo 847.1º, b de la LECr, se acuerda:

 

A). El artículo 847.1º, letra b) de la LECr, debe ser interpretado en sus propios términos. Las Sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECr, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849.2º, 850, 851 y 852.

 

B). Los recursos articulados por el artículo 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

 

C). Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio (art. 884 LECr).

 

D). Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b). si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiere una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

 

E). La providencia de inadmisión es irrecurrible (art. 892 LECr).

 

2º. Respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos por delitos leves se acuerda:

 

El artículo 847 b) LECr debe ser interpretado en relación con los artículos 792. 4º y 977, que establecen respectivamente los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el artículo 792 establece que contra la sentencia de apelación corresponde recurso de casación previsto en el artículo 847, en el artículo 977 se establece taxativamente que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno.

 

En consecuencia el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en procedimiento por delitos leves.

 

Modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

Modelo Recurso de Casación en delito de blanqueo de capitales  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

 

 

MODELO DE RECURSO DE CASACION EN PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

 

Adjuntamos hoy un modelo de Recurso de Casación en procedimiento seguido por delito de blanqueo de capitales.

 

Se plantea Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Provincial de origen, por la que se condena a nuestro cliente a la pena de 7 meses de prisión y multa, como autor de un delito de blanqueo de capitales, y se fundamenta el mismo en 3 motivos: el primero al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por violación del artículo 24.2 de la Constitución Española, en concreto del derecho a la presunción de inocencia, ya que no se ha practicado prueba de cargo de suficiente entidad en el acto del juicio que avale la autoría del acusado, con respecto al delito de blanqueo de capitales. El segundo por infracción de Ley del art. 849.1 en relación a la indebida aplicación al supuesto que nos ocupa del artículo 301.1 y 2 del CP, y el tercero por  infracción de Ley del art. 849.1, por infracción del principio de proporcionalidad de penas vulnerándose, por falta de motivación, lo dispuesto en el artículo 301.1 del Código Penal en relación con el artículo 66.1.1ª del CP.

 

En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia se mantiene en el recurso que no se ha practicado prueba de cargo que avale que, en las dos simples operaciones llevadas a cabo por el acusado (que se desglosan en el recurso al que nos remitimos), se llegaran a utilizar beneficios económicos obtenidos de la comisión de distintos delitos anteriores, con la intención de ocultar el origen de tales fondos y de integrarlos en el circuito legal del dinero. Se asume que en este tipo de delito haya de acudirse a la prueba indiciaria, pero se sostiene que, en este caso concreto, difícilmente se puede entender que se haya producido un incremento inusual del patrimonio, o un manejo de cantidades de dinero, que por su elevada cantidad, o dinámica de las transmisiones, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

 

Es evidente que como indica la jurisprudencia, uno de los indicios más habituales de este tipo de delito, es la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, y en este caso la cantidad no alcanza ni los 17.000 €, por lo que no puede calificarse de “inusual o desproporcionado incremento patrimonial de sujeto”.

 

Por otro lado la naturaleza y características de las operaciones, no pueden entenderse como complejas, ni realizadas a través de “sociedades pantalla” o entramados financieros, ya que nos encontramos ante dos operaciones simplísimas en su desarrollo y ejecución.

 

Finalmente se sostiene en el recurso que no nos encontramos ante una persona que carezca de rastro de actividad laboral y empresarial que no le permitiera disponer de fondos “lícitos” para las operaciones que llevó a cabo.

 

Se articulan otros dos motivos en el Recurso que acompañamos, a cuyo modelo nos remitimos, esperando que pueda ser de utilidad.

 

 

 

 

 

 

Os acompañamos los criterios dados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a raiz de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, al haber modificado de manera sustancial la regulación en la LEC entre otros aspectos en lo referente a los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

 

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