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Mostrando articulos por etiqueta: Avalistas de Empresas

Creo que esta es la primera resolución de un Tribunal español que se hace eco del Auto de 19 de noviembre de 2015, del TJUE, aplicándose el TRLCU y estimando como abusiva, respecto del fiador, la cláusula que establecía los intereses moratorios en un Crédito concedido a una empresa.

 

En el presente caso mediante póliza de crédito en cuenta corriente a interés variable, se prestó dinero a una mercantil hasta un límite de 30.000 euros, a un interés nominal inicial del 6,40% y un interés de demora resultante de incrementar el interés remuneratorio en un 20%.

 

En garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato intervinieron, como fiadores solidarios los titulares de la mercantil acreditada, así como Dña. Belen y D. Adriano, padres de uno de los socios.

 

Llegado el vencimiento pactado, ni la sociedad prestataria ni los fiadores hicieron frente al crédito dispuesto, presentándose por el Banco demanda de ejecución de títulos no judiciales.

 

Padre e hijo se opusieron a la ejecución alegando la nulidad por abusivas de varias de las cláusulas incluidas en la póliza de crédito. El Juzgado "a quo" analizó las cláusulas impugnadas rechazó la abusividad de los intereses de demora, al entender que el préstamo estaba destinado a financiar una actividad empresarial, lo que privaba a la parte ejecutada de la condición de consumidor y, en consecuencia, de la protección prevista en la normativa de consumo.

Disconforme con esta resolución, el ejecutado interpone recurso de apelación, que articula, alegando entre otros, un error en la valoración de la prueba al no aplicar al recurrente la condición de consumidor, cuando su intervención en el contrato fue la de mero avalista, derivada de la relación parental que unía al recurrente y a su esposa con D. Argimiro y que vino impuesta por la entidad bancaria como exigencia para conceder el crédito, sin que ni el recurrente ni su esposa tuvieran relación alguna con la empresa, ni como administrador ni como socios ni como trabajador o partícipe en los beneficios; y como consecuencia del motivo anterior, se denuncia error en la aplicación del derecho, al no haber aplicado la normativa de protección del consumidor, que determinaría la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses de demora, en tanto que superan en más de tres veces el interés remuneratorio.

La Audiencia Provincial de Prontevedra, Sección 1ª, en su auto nº 83/2016, de 6 de abril, siguiendo el prounciamiento del Tribunal de Justiicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2015, al no tener el recurrente vinculación alguna con la sociedad que recibe el crédito, más allá de la familiar que le une con uno de los socios, considera que le es de aplicación la normativa de protección a los consumidores y usuarios, resolviendo en favor a tenor de los argumentos expresados en el segundo de sus fundamentos, del que extraemos lo dicho en sus últimos párrafos:

 

 

 

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Se trata, pues, de evaluar según un criterio funcional si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión.

Con esta base, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que " los artículos 1, apartado 1 , y 2, letra b), de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que dicha Directiva puede aplicarse a un contrato de garantía inmobiliaria o de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a la referida entidad en el marco de un contrato de crédito, cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad ".

Llegado este punto, la discusión se traslada a determinar si, al constituirse en garante de la ejecución de las obligaciones de la mercantil "Lelut Ponteraeas, S.L." -que había solicitado la apertura de la línea de crédito para el giro o tráfico mercantil-, D. Adriano actuó en el marco de su actividad profesional o con motivo de los vínculos profesionales que pudiera mantener con dicha sociedad, como la gerencia de la misma o una participación significativa en su capital social, o si, por el contrario, actuó con fines de carácter privado.

Pues bien, la prueba permite constatar, primero, que D. Adriano intervino como fiador del contrato de apertura de crédito celebrado entre NCG Banco, S.A., de un lado, y la entidad "Lelut Ponteareas, S.L.", de otro lado; segundo, que los socios de esta última sociedad eran Dña. Adelina y D. Argimiro ; tercero, que Dña. Adelina era además administradora única de la citada mercantil; cuarto, que D. Adriano no tenía participación en "Lelut Ponteraeas, S.L.", ni consta que mantuviese relación laboral con la misma; quinto, que D. Adriano era funcionario (cfr. las menciones realizadas por el notario Sr. Lorenzo-Fariña Domínguez, que intervino en la formalización de la póliza de crédito -folio 9-); y, sexto, que Dña. Belen y D. Adriano eran los progenitores de D. Argimiro (extremo no discutido, al margen de la coincidencia de los apellidos).

Si el fiador D. Adriano trabajaba como funcionario, no figura relacionado o vinculado funcionalmente con la mercantil destinataria del crédito y es el padre de uno de los dos socios y suegro (o exsuegro, según parece) de la otra socia y administradora única de la empresa, cabe razonablemente pensar que la razón que motivó su intervención en el contrato de fianza no fue otra que la relación paterno-filial o familiar que le unía con los auténticos titulares de la sociedad, intervención que, realizada a título gratuito o de mera beneficencia, debió obedecer a la exigencia impuesta por la entidad financiera para reforzar el buen fin del contrato, es decir, sus legítimas expectativas de cobro del principal e intereses.

En consecuencia, D. Adriano actuó en el contrato de fianza como consumidor y no como empresario o profesional, con independencia de la catalogación que merezcan los intervinientes en el contrato principal.



El uso de esta normativa hace que el Tribunal considere abusivos, respecto del fiador, de los intereses moratorios, reflejando en el cuarto de sus fundamentos lo siguiente:



"En estas condiciones, la cláusula debe estimarse abusiva respecto del recurrente, por imponer una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor prestatario por el incumplimiento de sus obligaciones, integrando la prohibición establecida en el art. 82.4 TRLCU (falta de reciprocidad de las prestaciones de las partes, en tanto que nada se prevé al respecto en relación con posibles incumplimientos de la entidad contratante), en relación con el apartado 1º del Anexo al que se remite el art. 3.3 de la Directiva 93/13 y que considera abusivas las " cláusulas que tengan por objeto o por efecto: (...) e. Imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta ".

Consecuentemente, y en aplicación del art. 6.1 de la Directiva 93/13 y del art. 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios , procede declarar la nulidad de la cláusula mencionada, siempre con efectos limitados al recurrente, esto es, la cláusula desplegará todos sus efectos respecto de los demás ejecutados, pero se considerará inexistente respecto del fiador D. Adriano."

La declaración de nulidad implicó en este caso se aplicaran al fiador los intereses remuneratorios en lugar de los moratorios, lo que supuso se dejase sin efecto el incremento de 20 puntos porcentuales.


 

Auto de la Audiencia Provincial de Prontevedra, Sección Primera, de 6 de abril de 2016, por el que estima es consumidor el fiador solidario en un Crédito con una sociedad.

 

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Este Auto nos proporcionará seguras buenas noticias de las que procuraremos manteneros informados.

 

 

 

 

¿Es válido el contrato de fianza cuando alguno de los fiadores solidarios no lo suscribe? En el caso que mostramos se reclamaba a los fiadores que firmaron un importe de 1.413.227 euros y se llevaron una gran alegría, veamos:

 

 

En no pocas ocasiones las firmas de los contratos de produce de forma sucesiva en lugar de en unidad de acto, es decir, por todos en el mismo momento, provocando que alguno o algunos de los que en un principio se iban a obligar finalmente no lo hagan.

Es evidente que quienes no firmaron no quedan vinculados por el documento; pero ¿qué pasa con los que sí lo hicieron y además con carácter solidario?

La respuesta de los Tribunales fue en su día dispar, considerándose en ocasiones que debían responder de la deuda, dado que se obligaron por el total de la misma.

Esa postura hoy día ha quedado superada al resolver el Tribunal Supremo que el contrato no es válido ni para los que no firmaron ni para los que efectivamente lo suscribieron, siendo clarificadora la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil el pasado 13 de Abril de 2016, que en el Segundo de sus fundamentos resuelve la cuestión planteada, indicando que:

 

 

“SEGUNDO.- Recurso de casación. Configuración negocial de la fianza. Fianza solidaria: necesidad de la firma conjunta de todos los fiadores solidarios como presupuesto de validez de la misma. Doctrina jurisprudencial aplicable.

1. La parte demandante, al amparo del ordinal segundo del artículo 477. 2 LEC, interpone recurso de casación que articula en tres motivos. 

2. En el primer motivo, denuncia la infracción de los artículos 1822, 1837 y 1262 del Código Civil . Argumenta que la exigencia de la firma conjunta de los tres avalistas no pueda ser considerada como un requisito para la existencia del contrato de fianza respecto de los dos firmantes demandados. Considera que los avalistas que suscribieron la fianza han manifestado, con su firma, su voluntad de asumir la causa propia de la fianza, garantizando cada uno de ellos frente a los actores la obligación de la que era deudora la entidad Comarex Desarrollos S.L., y que esta obligación ha resultado incumplida. 

3. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo planteado debe ser desestimado. 


Con relación a este motivo, que resulta determinante de cara a la cuestión central aquí planteada, deben realizarse las siguientes precisiones. 


En primer lugar, que el régimen aplicable a un supuesto de pluralidad de fiadores va a depender de la configuración negocial que las partes establezcan al respecto. En este sentido, resulta indiscutible que las partes pueden configurar una pluralidad de fianzas independientes entre sí, y ajenas al régimen de la fianza solidaria. Caso del fiador que se obliga ignorando la existencia de otros fiadores o del fiador que acuerda la garantía con independencia de otros posibles fiadores. Aunque no se trata propiamente de un supuesto de pluralidad de fiadores, también ocurre lo mismo en el caso en que un fiador garantiza la deuda mediante la fianza y otro mediante la dación de una garantía real.


En segundo lugar, y atendiendo a esta configuración negocial, en el presente caso, tanto de la interpretación de los contratos, como del tenor de la cláusula que configura la garantía, no hay duda de que las partes configuraron la fianza bajo un régimen de cofianza o solidaridad. 

 

 

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El régimen de la fianza solidaria en nuestro Código Civil viene presidido por una clara relación de consorcio (consortium ) de los fiadores que se proyecta tanto en el régimen de aplicación, en donde los cofiadores se sitúan en el mismo plano respecto del obligación garantizada, de forma que una vez realizado el pago por uno de ellos, que directamente libera al resto, nace una acción de reintegro frente a los restantes fiadores ( artículos 1844 y 1145 del Código Civil ), como también en la forma de constituir la garantía, de modo que para su validez se requiere la participación de todos los fiadores, como presupuesto de validez de esta modalidad de garantía. De no ser así, el especial vínculo de solidaridad no surge y, por tanto, no puede ser exigido. 

Esta nota del consorcio también queda claramente reflejada en el fundamento de la obligación recíproca de los cofiadores por el riesgo de insolvencia de uno de ellos, en el desenvolvimiento de la acción de reintegro, tal y como la establece el párrafo segundo del artículo 1844 del Código Civil: 

«Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de este recaerá sobre todos en la misma proporción». 

Similar fundamento al que contempla nuestro Código Civil para este supuesto de insolvencia tanto en la obligación recíproca de los coherederos por la evicción de un bien hereditario, artículo 1071, como para el pago hecho por uno de los deudores solidarios, párrafo tercero del artículo 1145 del Código Civil.  (…)”


La declaración hecha por el Tribunal Supremo abre una vía de oposición a los fiadores, que, en ausencia de otros expresados en el contrato de fianza, lo firmaron y ven como ahora se les reclama, ante el incumplimiento del obligado principal.


A partir de ahora hay que procurar que la firma de la fianza se haga en unidad de acto o si somos nosotros los implicados, asegurarnos que seremos los últimos en firmar, para garantizar que el resto ya lo hizo y ello, para asegurarnos que en caso de tener que cumplir con el compromiso luego podamos repetir en la parte que corresponda frente al resto de obligados solidarios.


Os dejamos acceso al texto íntegro de la resolución que hoy hemos analizado.


Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2016 relativa al afianzamiento solidario.

 

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Auto de 19 de noviembre de 2015, aplica la normativa consumerista a los fiadores de un préstamo concedido a una mercantil, por cuanto estos garantes accedieron a serlo por ser su hijo el socio único y gerente de la empresa a la que se prestaba el dinero.


Considera el Tribunal, que los padres fiadores actuaron como consumidores con un propósito ajeno a su actividad profesional, siéndoles de aplicación la Directiva 93/13 al encuadrarse la situación en su artículo 2 b).


Aunque se trate de un asunto conocido por los Juzgados de Rumanía, es perfectamente extrapolable a España, pues en nuestro país es práctica habitual que padres y otros familiares, afiancen a sus hijos y parientes en operaciones de financiación. La primera resolución que aplica esta decisión ha sido el Auto de 6 de abril de 2016, dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Prontevedra.


Va a ser una resolución que alivie la situación de muchas personas que hasta ahora estaban abocados a perder sus bienes y/o ahorros por haber apoyado a sus allegados a poner en marcha una empresa o en sacarla a flote en la época de crisis. Ahora podrá acogerse a la normativa que ampara a consumidores y usuarios, circunstancia que facilita enormemente la labor de impugnación de las cláusulas suscritas. 

La decisión del TJUE ha sido:

Los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que dicha Directiva puede aplicarse a un contrato de garantía inmobiliaria o de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a la referida entidad en el marco de un contrato de crédito, cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad.



Afortunadamente los Tribunales españoles empiezan a hacerse eco de esta resolución, tal y como ha acontecido con la reciente decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Pontevedra, mediante la que considera abusiva la condición que impone los intereses a los fiadores, cuyo texto íntegro estado pendientes de obtener y del que daremos buena cuenta.


La fundamentación mediante la que considera que los fiadores son dignos de la protección que dispensa la vigente normativa de consumidores y usuarios, se concreta en los apartados 19 a 30, cuyo tenor es:


“19      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que esta Directiva puede aplicarse a un contrato de garantía inmobiliaria o de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil asumió contractualmente frente a esa entidad en el marco de un contrato de crédito, cuando dicha persona física no tiene ninguna relación profesional con la citada sociedad.

 

 

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20      A este respecto procede recordar que la referida Directiva se aplica, según resulta de sus artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, a las cláusulas de «los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» que «no se hayan negociado individualmente» (véase la sentencia Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, apartado 19).


21      Según señala el décimo considerando de la Directiva 93/13, las normas uniformes sobre cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» celebrados entre un profesional y un consumidor según los define el artículo 2, letras b) y c), de dicha Directiva (véanse las sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 29, así como Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, apartado 20).


22      De este modo, sin perjuicio de las excepciones enumeradas en el décimo considerando de la Directiva 93/13, el objeto del contrato carece de pertinencia para definir el ámbito de aplicación de dicha Directiva. En esto, esta última se diferencia claramente de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48), la cual sólo es aplicable a los contratos en virtud de los cuales un prestamista concede a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago similar, lo que ha llevado al Tribunal de Justicia a excluir al contrato de fianza del ámbito de aplicación de esta última Directiva (sentencia Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, EU:C:2000:152, apartados 17 a 23).


23      Por tanto, la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco de su actividad profesional (véanse las sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 30, así como Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, apartado 21).


24      Dicho criterio responde a la idea que sustenta el sistema de protección establecido por la referida Directiva, a saber, que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas (véanse las sentencias Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 31, así como Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, apartado 22).


25      Dicha protección es especialmente importante en el caso de un contrato de garantía o de fianza celebrado entre una entidad financiera y un consumidor. Tal contrato se basa, en efecto, en un compromiso personal del garante o del fiador de pagar la deuda asumida contractualmente por un tercero. Ese compromiso comporta para quien lo asume obligaciones onerosas, que tienen como efecto gravar su propio patrimonio con un riesgo financiero a menudo difícil de calibrar.


26      En cuanto a si puede considerarse «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, una persona física que se compromete a garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a una entidad bancaria en el marco de un contrato de crédito, procede señalar que si bien tal contrato de garantía o de fianza puede calificarse, en cuanto a su objeto, de contrato accesorio con respecto al contrato principal del que emana la deuda que garantiza [véase, en el contexto de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372, p. 31), la sentencia Dietzinger, C‑45/96, EU:C:1998:111, apartado 18], se presenta como un contrato distinto desde el punto de vista de las partes contratantes, ya que se celebra entre personas distintas de las partes en el contrato principal. Por tanto, la calidad en la que las mismas actuaron debe apreciarse con respecto a las partes en el contrato de garantía o de fianza.


27      A este respecto, procede recordar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene un carácter objetivo (véase la sentencia Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, apartado 21). Debe apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión.


28      Corresponde al juez nacional que conozca de un litigio relativo a un contrato que pueda entrar dentro del ámbito de aplicación de la citada Directiva verificar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y el conjunto de las pruebas, si el contratante de que se trata puede calificarse de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, apartados 22 y 23).


29      De este modo, en el caso de una persona física que se constituyó en garante de la ejecución de las obligaciones de una sociedad mercantil, corresponde al juez nacional determinar si persona actuó en el marco de su actividad profesional o por razón de los vínculos funcionales que mantiene con dicha sociedad, como la gerencia de la misma o una participación significativa en su capital social, o bien si actuó con fines de carácter privado.


30      Dadas estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que dicha Directiva puede aplicarse a un contrato de garantía inmobiliaria o de fianza celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a la referida entidad en el marco de un contrato de crédito, cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad.”


 

Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviemvre de 2015, dictado en el asunto C-74/15, por el que estima que los fiadores tienen la condición de consumidores.

 

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Os adjunto enlace al Auto de 6 de abril de 2016, dictado en aplicación del Auto que ahora se analiza, pulsar aquí.

 

 

 

 

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