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Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Responsabilidad Patrimonial de la Administración

 

Las Administraciones Públicas como cualquier ciudadano o empresa deben responder por los daños que pudiesen ocasionar por el funcionamiento de los servicios públicos.

 

En España desafortunadamente las reclamaciones planteadas frente a organismos públicos han sido durante muchos años casi inexistentes al dar por hecho los ciudadanos que eran males que debían soportar o pensando que si se iniciaba un proceso tendrían todas las de perder.

 

Poco a poco esta idea ha ido cambiando al comprobarse que la Administración también es condenada con frecuencia a resarcir los daños y perjuicios ocasionados, siendo cada día más numerosas las reclamaciones que son estimadas ya sea en vía administrativa o acudiendo a los Tribunales.

 

La responsabilidad de la Administración puede derivar del daño ocasionado por el funcionamiento de cualquier servicio, normalmente ha sido asociada a negligencias médicas sufridas en hospitales públicos o motivadas por caídas en la vía pública o en establecimientos oficiales por una defectuosa conservación, pero son muchos y variados los supuestos en los que una Administración puede provocar un perjuicio y por tanto estar obligada a repararlo como por ejemplo:

 

  • Retrasos injustificados en la tramitación de procedimientos judiciales.

 

  • Por errores judiciales en resoluciones ilógicas e irracionales.

 

  • Haber sufrido prisión preventiva de forma inmotivada o injustificada. Ver Modelo de Reclamación.

 

  • Por privación ilegal de libertad.

 

  • Actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

  • Accidentes en Instalaciones Municipales (Polideportivos, Piscinas ...).

 

Los requisitos que deben concurrir para que la pretensión sea viable son:

 

  1. Que el particular haya sufrido una lesión en sus bienes o derechos.
  2. Que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas determinadas.
  3. Que NO exista el deber jurídico de soportar la lesión y que tenga como causa directa la actividad de la Administración.
  4. Que el daño ocasionado pueda ser probado.
  5. Que la reclamación sea presentada en tiempo y forma.


En el lateral derecho os iremos detallando los procedimientos a seguir, adjuntando modelos básicos para dar inicio a la reclamación así como la legislación básica aplicable en esta materia.

 

Si tenéis dudas sobre esta materia no dudéis en planteárla a través del formulario de consulta, pulsando aquí, o contactando con nuestro Letrados Adminstrativistas.

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