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Expedientes Sancionadores
Expedientes Sancionadores

El Estado sanciona a los ciudadanos cuando cometen infracciones establecidas en las leyes. En caso de que aquellas se encuentren tipificadas en la legislación penal, la sanción a imponer se tramitará por vía penal; en caso de que las infracciones se encuentren tipificadas en la legislación administrativa, será ésta la vía por la que se podrán imponer dichas sanciones. En este último caso es al propia Administración la que tramita el procedimiento y la que impone la sanción.

 

En muchas ocasiones, la actitud del ciudadano es no atender a las notificaciones o no contestar a las resoluciones administrativas, para terminar encontrándose con una sanción firme contra la que ya no puede defenderse ni hacer nada.

 

Sin embargo, existen muchas formas de actuar frente a la Administración cuando actúa en su función sancionadora, dado que tanto para tramitar el procedimiento como para imponer la sanción, la Administración está sujeta al cumplimiento de las leyes y el ciudadano tiene siempre derechos y garantías que puede y debe hacer valer, tanto ante la propia Administración, como, en su caso, ante los órganos judiciales competentes.

 

La defensa en un procedimiento administrativo sancionador consiste precisamente en hacer valer estos derechos y principios. Así, por ejemplo:

 

- Derecho a la Presunción de inocencia: la carga de la prueba corresponde a la Administración, y en ningún caso el ciudadano debe acreditar que no es culpable. En definitiva: la comisión de la infracción debe probarla la Administración.

- Principio de legalidad: nadie puede ser sancionado por la Administración por conductas que en el momento de realizarse no se encuentren tipificadas como infracciones administrativas según las leyes. Así, solo los comportamientos que se encuentren reflejados en la Ley como infracciones, pueden ser sancionados, de tal manera que habrá que estar atento a si el comportamiento del ciudadano queda reflejado en la norma.

- Derecho a un procedimiento con todas las garantías: nadie puede ser sancionado por la Administración sin que ésta haya seguido el procedimiento legalmente establecido en la ley. Además, este procedimiento tiene que ofrecer al ciudadano una serie de garantías, como son: - derecho a ser informado de los hechos por los que se le va a sancionar. - derecho a ser oído. – derecho a proponer pruebas en su defensa. – derecho a no confesarse culpable. 

 

Pero además, hay otras muchas cuestiones que pueden y deben ser examinadas en defensa del ciudadano frente a la Administración: tanto las relativas a los plazos, como las relativas duración del procedimiento, tiempo durante el cual la Administración puede sancionar, o, incluso, el tipo de sanción que se puede imponer ante una misma infracción.

 

Por ello es fundamental que el ciudadano conozca sus derechos y el procedimiento que debe seguir la Administración para sancionarle. De este modo, podrá ejercer su derecho a la defensa en condiciones óptimas.

 

Si bien no es preceptiva la asistencia de abogado en el procedimiento administrativo sancionador, dado que es fundamental el conocimiento de la legalidad, es recomendable en todo caso la intervención de un profesional, para obtener un enfoque correcto desde el principio.

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